La conducta de los populares es típica de quienes desconfían de la legalidad vigente. Las denuncias universales sobre vulneración de derechos sólo son posibles y creíbles en regímenes dictatoriales en donde el Estado de derecho no existe y, por lo tanto, tampoco cauces para defender el ejercicio de las libertades públicas con garantía y seguridad jurídica. Corea del Norte, China y Birmania son ejemplos claros de esa clase de sistemas políticos.
El PP se empecina en aplicar ese esquema y esas denuncias al Estado español después de más de treinta años de democracia y no se da cuenta de que definir al Gobierno como policial y dictatorial es una acusación metafísicamente imposible porque, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuviera la voluntad de llevar a cabo las conductas que denuncia genéricamente el Partido Popular, no podría hacerlo porque el sistema legal no se lo permitiría.
Sería una corrupción universal de jueces, policías, fiscales, funcionarios públicos y periodistas de tal magnitud que equivaldría a la destrucción instantánea de las instituciones. El PP sabe de sobra que si algún derecho fundamental se ha vulnerado en su perjuicio tiene vías legales con todas las garantías para encontrar satisfacción y castigar a los presuntos funcionarios culpables. ¿Por qué actúa así?
La conducta del PP es típica y exclusiva de los partidos antisistema que desconfían de la legalidad vigente, de las garantías jurídicas existentes y denuncian un Estado policial en el que el poder ejecutivo campa a sus anchas sin control jurisdiccional. El ejemplo casi único -con excepción de algunos partidos extremistas de derecha e izquierda puramente testimoniales- es Batasuna y ETA. Y ésa es la reflexión de máxima responsabilidad que habría que pedirle al PP: ¿quieren confirmar las tesis de ETA sobre el Estado policial español?
El disparate sería una anécdota si no estuviera perpetrado por el principal partido de la oposición. Si el PP no rectifica su actuación, no sería descabellado pedir al conjunto de partidos democráticos el establecimiento de un cordón sanitario alrededor del PP para que no contamine la democracia española.
(Carlos Carnicero en LNE)
(Carlos Carnicero en LNE)
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